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Roberto
Armando Ramírez
Centro
de Investigación y Formación Obrera (CIFO)
Desde que somos muy jóvenes, soñamos con tener un hogar,
nuestro carro y un buen empleo; y creemos que todo ello es posible dentro del
sueño ideal del capitalismo y la “sociedad desarrollada”.
Luego, más temprano que tarde, nos damos cuenta: No hay
forma posible de ser propietarios de una vivienda. Hemos crecido.
El presente artículo surge del análisis realizado a la
condición real en torno a la propiedad que se tiene sobre las viviendas que
habitamos, de las cuales estamos sometidos a un alquiler o a un crédito
hipotecario; y a la inevitable conclusión de que en realidad estas casas y
apartamentos no son nuestros, son del banco y del arrendador, lo cual lleva
consigo una brutal amenaza de desalojo forzoso si dejamos de pagar.
Es por ello, que hemos de rechazar todo discurso
clientelar de propiedad privada al acceso de todos; no porque queramos
privarnos de un techo debajo del cual resguardarnos, sino porque el régimen
actual de propiedad existe para dar muchos techos a unos pocos y dejar bajo la
lluvia a la inmensa mayoría.
En palabras de Karl Marx y Friedrich Engels:
“Os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada,
¡cómo si ya en el seno de vuestra sociedad actual, la propiedad privada no
estuviese abolida para nueve décimas partes de la población, como si no
existiese precisamente a costa de no existir para esas nueve décimas partes!
¿Qué es, pues, lo que en rigor nos reprocháis?
Querer destruir un régimen de propiedad que tiene por necesaria
condición el despojo de la inmensa mayoría de la sociedad” [I].
La cuestión de la
banca y las hipotecas
No
es mera casualidad que cuando se habla de “estafas” y “hogares” en una misma
conversación, lo primero que venga a la mente sean los bancos. Ellos son los
principales beneficiados por el drama de la vivienda en la sociedad
contemporánea.
Alrededor
del mundo, se escuchan noticias sobre el reventar de burbujas inmobiliarias,
desalojos masivos, deudas que se extienden por 50 años, tasas de interés
variables, ejecuciones de hipotecas de barrios enteros, y el malestar
generalizado de las capas afectadas de la clase trabajadora que diariamente se
deprimen más y más, tanto económica como psicológicamente. Solamente en España,
durante la crisis inmobiliaria del 2012, se suicidaron más de un centenar de
personas arrinconadas por los 500 desahucios diarios sufridos ese año [II].
El
caso venezolano, a pesar de no contar con tales aberraciones, es
estructuralmente el mismo. El Gobierno Nacional es dueño de varias
instituciones financieras, las cuales tienen una captación de clientes del
33,8%, resaltando el papel del Banco de Venezuela, de antigua propiedad del
Grupo Santander, que es hoy en día el primer banco del país. Todo ello ha
permitido ciertas regulaciones, dentro de las que podemos destacar el límite de
30 años para los créditos hipotecarios, las tasas fijas de interés y la
administración de las políticas de vivienda centralizadas en un solo ente
público: El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).
Este
banco se encarga, entre otras cosas, de gerenciar el otorgamiento de créditos
hipotecarios “sociales” a quienes así lo soliciten, siempre y cuando estén
inscritos en el Fondo de Ahorro de Vivienda. Éste se encuentra constituido por
el ahorro, individual y patronal, equivalente al 3% del salario integral
mensual de los empleados (2% pagado por el empleador y 1% por el trabajador).
Ésta política pública tiene dos requisitos fundamentales: primero, el aspirante
debe contar con un trabajo formal que le permita cotizar a éste y otros
beneficios laborales como el seguro social; segundo, la vivienda que se
pretenda adquirir debe ser igualmente formal, es decir, no puede ser una
vivienda “irregular” (eufemismo para rancho, chabola, etc.) ni puede estar
edificada sobre terrenos ajenos (invasiones).
Si
analizamos brevemente la fuerza laboral venezolana, para el mes de abril del
año en curso se llegaron a los 998.019 desempleados, mientras que la ocupación
informal, lo hizo en un sorprendente 5.314.876 de trabajadores de empresas con
menos de cinco empleados (incluido el patrono), servicio doméstico, y
trabajadores por cuenta propia no profesionales (tales como vendedores,
artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.); lo cual
resulta en 6.312.895 de venezolanos que no tienen posibilidad de cotizar al
Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda ni acceder completamente a los
beneficios del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Esta cifra, disponible en
el sitio web del Instituto Nacional de Estadística, equivale al 44,86% de la
población económicamente activa que sólo puede ser atendida a través del Fondo
de Ahorro Voluntario, que presta sólo una porción del crédito máximo, implica
un aporte obvio del 100% por parte del aspirante; y cuenta con tantas trabas,
que para una persona en estas situación, simplemente no vale la pena [III].
Además,
de la totalidad de viviendas construidas en el país, 743.594 son ranchos,
11.912 son viviendas indígenas, y 21.031 de vecindad; lo cual suma 776.537
viviendas que no cumplen con el requisito de selección para acceder al crédito
del FAOV por ser construcciones de materiales de desecho tales como tablas,
cartón, caña y similares; sobre terrenos ajenos, y sin acceso directo a los
servicios básicos. Esto que equivale al 9,45% de todos los hogares del país,
según datos del INE [IV].
Por
último, dichos créditos siguen siendo intermediados por los bancos comerciales
(privados y públicos), los cuales tienen a su discrecionalidad la aprobación de
las solicitudes. Y si alguna vez usted ha solicitado un crédito ante un banco,
entenderá entonces que mientras menor sea su sueldo, menor será su crédito; y
éste crédito hipotecario subsidiado por el Estado opera de la misma forma.
En
pocas palabras, sólo pueden acceder a él las capas más elevadas de la clase
trabajadora y los pequeñoburgueses en ascensión, y paradójicamente, aun cuando
para el otorgamiento de este crédito existen mínimos de ingreso familiar
requeridos como ya fue explicado, no existe de igual forma un máximo o un tope;
lo que significa que incluso los empresarios con las mayores fortunas pueden
utilizar éste crédito, pero los pobres -quienes son los que más necesitan un
techo- se encuentran al margen de esta política.
El
capital otorgado en forma de crédito es ínfimo en comparación al precio de las
viviendas del mercado inmobiliario de las principales ciudades del país (que es
donde está concentrado el 71% de la población). Una vivienda minúscula, en un
sector populoso y barato de la capital, cuesta al menos seis veces el monto
máximo aprobado por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat para un crédito
hipotecario de este tipo; lo que hace inútil esta alternativa para casi todos,
pero permite a unos pocos afortunados completar lo que le falta de sus ahorros
para adquirir un apartamento a costas de los aportes de todos los trabajadores [V].
De
vez en cuando, el BANAVIH celebra un aumento del monto máximo fijado para estos
créditos, y declara que a partir de ese momento existe un balance con respecto
al mercado inmobiliario. Y al día siguiente de ese decreto, el precio de las
viviendas sube lo equivalente al aumento, alejando más al trabajador de un
posible hogar y beneficiando al usurero; por una ley de oferta y demanda que
pareciera estar siempre en su contra.
Otras
modificaciones realizadas al sistema bancario por el Gobierno Bolivariano en el
marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), corresponden a la Gaceta
Oficial N° 39.716 de fecha 19 de julio de 2011 [VI] que toca
esencialmente temas regulatorios a los créditos hipotecarios.
Todo
esto nos lleva a la conclusión de que la GMVV va dirigida a perpetuar el modelo
clientelar del fantasioso acceso de los pobres a la propiedad privada de las
viviendas a través de los créditos hipotecarios, lo cual ha sido demostrado a
lo largo de la historia como una forma más de expoliación contra la clase
obrera por parte de la banca privada. Sucede que obligan a millones de
trabajadores a endeudarse con un banco, bajo la amenaza de un desalojo forzoso
si se deja de pagar; lo cual ocurre masivamente cuando el clima financiero
cambia, debido a la alta susceptibilidad de los asalariados frente a las crisis
económicas. Al respecto, la española Gema Delgado declaró:
“En España se producen 500 desahucios al día desde que
empezó la crisis. Eso significa que cada día mientras 500 familias que se
quedan en la calle, los bancos se quedan con 500 pisos “vacíos”. Es sabido que
la banca nunca pierde, ni cuando pierde...” [II].
La estafa en la propiedad privada de la
vivienda
Como
es bien sabido, para adquirir una vivienda en propiedad siendo un simple
trabajador es obligatorio solicitar un crédito y constituir una hipoteca sobre
la vivienda que se pretende adquirir, en forma de garantía y en favor del banco.
Todo marchará bien, a menos que por algún motivo se deje de pagar las cuotas,
ya que dicha hipoteca estipula por definición que si no se cumple con la
obligación de pagar el crédito, el banco puede tomar la propiedad del inmueble
como compensación.
En
pocas palabras: la verdadera propiedad privada de las viviendas adquiridas a
crédito en Venezuela la tiene el Banco. Al menos mientras exista la hipoteca o
hasta que se cancele la deuda, por lo que todo aquel que se encuentre atado a
un préstamo bancario para pagar un apartamento, esta alucinando si realmente
cree que es suyo; y si llegase a quedar desempleado, la realidad le tocará la
puerta acompañada de una orden de desalojo.
Pero
no todos pueden acceder a un préstamo, por ello la Gran Misión Vivienda
Venezuela pretende entregar hogares en propiedad privada a millones de
venezolanos, tal cual como hicieron los programas habitacionales de los
gobiernos anteriores.
Por
ejemplo, bajo la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez de la década del
50, fue construido un conjunto habitacional que inicialmente se llamaría Urbanización
2 de Diciembre como conmemoración al golpe de estado criminal de la Junta
Militar; sin embargo, el nombre actual fue asignado por su sucesor, Rómulo
Betancourt, también conocido como el asesino
de estudiantes. Esta urbanización pasó a llamarse 23 de Enero por la fecha
del derrocamiento del General e inicio de la “democracia”.
Más
allá de las curiosidades históricas de esta residencia, lo relevante de ella
para este estudio es que constituye el modelo a seguir en materia de política
habitacional por los gobiernos posteriores que la reprodujeron, incluyendo el
Gobierno Bolivariano. En concreto, estas viviendas fueron adjudicadas a las
familias pobres con mayor necesidad y en contraprestación fueron exigidos pagos
de carácter social para concederles la propiedad privada de sus hogares.
Estos
pagos, en la mayoría de los casos, costaron muchísimo para ser cancelados
porque los beneficiados mantenían precariedad laboral o desocupación, y no les
alcanzaba para cubrir siquiera las cuotas que eran de carácter social; y ni
hablar de la tarifa mensual del condominio, que iba destinada al mantenimiento
de los edificios, sus servicios y los espacios comunes; que nunca se pagaba.
Hoy
en día, más de 60 años después y luego de muy pocas cuotas del condominio pagadas,
la urbanización 23 de Enero es mantenida directamente por el Estado, a través
del Instituto Nacional de la Vivienda en algunos casos, y en otros por la
Alcaldía de Caracas, quienes se encargan de pintar los edificios todos los
años, hacer las reparaciones de los ascensores, acomodar los ductos del aseo,
limpiar los espacios comunes, y en fin; de hacer labores más de arrendador que
de Gobierno.
Lo
mismo ocurre en todos y cada uno de los urbanismos adjudicados por la nación en
forma de propiedad privada a los más pobres: si se daña el ascensor, la
comunidad, que no tiene los recursos para repararlo, pide ayuda en un sinfín de
Instituciones hasta que alguna los ayuda; igual cuando se obstruye el ducto del
aseo, o cuando la pintura de los exteriores comienza a caerse.
Toda
esa experiencia nos enseña que los pobres no sólo carecen de recursos para
adquirir una vivienda, tampoco tienen con que mantenerla. Entonces si los
Gobiernos continúan adjudicando hogares en propiedad privada no sólo dota de un
apartamento a alguien, también suma ese apartamento a los costos de
mantenimiento público de las Alcaldías y demás Instituciones del Estado.
Sin
embargo esto no es lo realmente grave de la situación, porque si el Gobierno
dejara de cumplir con esa labor, progresivamente esas soluciones habitacionales
se deprimirían hasta alcanzar las condiciones miserables que ya se viven en los
barrios. La dotación de viviendas para los pobres sin el consecuente apoyo del
Estado para las labores de reparación y mantenimiento, es condenarlos a vivir
eternamente en un rancho.
Recordemos
nuevamente al General Marco Pérez Jiménez y el beneficio que la urbanización 23
de Enero significó para miles de familias. Para ese momento el Gobierno,
creyendo que la solución del problema de la vivienda era que cada quien tuviese
la propiedad de su casita, vendió esos apartamentos a precios “sociales”, o
sea, bajísimos en comparación a los bienes raíces de entonces. Hoy en día,
luego de 60 años, los mismos apartamentos son cotizados en el mercado inmobiliario
de igual forma que los edificados y financiados por el sector privado, a
precios especulativos; lo que expropia a los más pobres del derecho a tener un
hogar y alimenta aún más a quienes desde siempre se han lucrado con esta
necesidad ¡Esto sí que es grave!
Es
por ello que descartamos totalmente la adjudicación de viviendas para los
pobres en forma de propiedad privada como solución al problema de la vivienda.
De igual forma opinó Friedrich Engels:
“Así pues, ¿qué he opuesto yo a este plan proudhoniano?
Que esta proposición, con el desarrollo actual de la gran industria y de las
ciudades, es tan absurda como reaccionaria, y que el restablecimiento de la
propiedad individual de cada uno sobre su vivienda sería una regresión.” [VII].
Nuestra propuesta
Así
como la educación o la salud pública y gratuita son derechos fundamentales que
debe garantizar el Estado, la Constitución cataloga de igual forma a la
vivienda:
“Artículo
82 CRBV. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda,
higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que
humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción
progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y
ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.”
Es
por ello que proponemos nuevamente la nacionalización de toda la
infraestructura y maquinaria disponible para la creación de la Constructora
Nacional de Obras Públicas y Vivienda (CENOPVI), cuya misión sería la
planificación, ejecución, inspección y mantenimiento de todas las obras
públicas a construir al servicio de todas las Instituciones del Estado; y así
centralizar en un sólo órgano, sistematizable y auditable, la construcción del
sector público y dejar de alimentar a la empresa privada de la construcción
especuladora, corrupta y parásita.
De
esta forma, también se beneficiaría a miles de obreros del sector, quienes
contarían con la estabilidad laboral que requieren para el desarrollo apto de
sus potencialidades técnicas y para vivir en mejores condiciones.
Muchos
argumentarán que dejarle la construcción pública enteramente al Estado
multiplicaría la corrupción, a esos habría que preguntarles ¿Es más fácil
auditar a miles de empresas que a una sola? Por supuesto que no, la
concentración del sector público de la construcción no sólo permite mayor
eficiencia por la unión de esfuerzos, también simplifica los procesos de
auditoría, sistematización y anticorrupción. Es el principio básico de las economías a escala, que involucra la adquisición
de bienes y servicios al mayor, y prescindir de intermediarios improductivos
para ello.
Además,
la mayor forma de corrupción se da cuando los empresarios privados le pagan a
los funcionarios públicos para que estos contraten con ellos en nombre del
Estado, para la construcción de obras que terminan siendo sobrevaluadas porque
esa “comisión” se esconde debajo del precio final del presupuesto, y si no, se
cobra con la calidad de los materiales utilizados. No son raros los casos en la
Gran Misión Vivienda Venezuela de edificios recién terminados con inundaciones
producto de materiales de mala calidad; o las carreteras recién asfaltadas con
huecos y baches [VIII].
Para
los que esgriman la ineficiencia gubernamental para administrar sus empresas,
aclaramos que los fracasos del Estado en esos casos puntuales han sucedido
producto de lo aislado de sus esfuerzos por la ausencia o escasa planificación;
además de la total oscuridad en las operaciones estatales por la falta de
auditoría pública, totalmente realizable haciendo uso de las telecomunicaciones
y colocando a disposición de todos el 100% de los trámites realizados (por
medio del internet, por ejemplo). Por eso, acompañando a la CENOPVI deben estar
instituciones de apoyo que permitan una completa planificación como la Central
Estatal Única de Importaciones (CEUI), propuesta para estatizar la importación
y cuya función para estos fines debe ser la de garantizar el suministro de los
insumos y demás bienes de fabricación extranjera; y de esa forma no permitir la
fuga de capitales por medio de la importación fraudulenta de las grandes
empresas ferreteras privadas [IX].
También,
volvemos a destacar el papel fundamental de la banca en todo este proceso, por
lo que insistimos en la expropiación y centralización del sistema bancario
nacional en lo que se refiere al financiamiento de obras públicas y viviendas,
incluyendo los créditos hipotecarios; para acabar con la pesadilla de estos
préstamos y colocar a disponibilidad los recursos financieros que la
construcción en masa implica [X].
Todo
este esfuerzo para la construcción, no sólo de viviendas, sino de obras
públicas de envergadura como vías de comunicación, hospitales, fábricas,
universidades, ciudades enteras, y en fin, toda la infraestructura necesaria
para el desarrollo industrial y productivo del país, que compense el enorme atraso
dejado por los gobiernos de nuestra historia.
Y
por último, pero no menos importante, proponemos que todas las viviendas
necesarias -que sólo de esta forma se pueden construir- sean administradas por
una Inmobiliaria Nacional (INA) de propiedad estatal, y que con la ayuda de la
CENOPVI planifique y realice las labores de mantenimiento; para que sea posible
la satisfacción del derecho de los trabajadores a un hogar digno.
Descartando
totalmente las adjudicaciones de la propiedad privada de las viviendas, proponemos
que la asignación sea mediante la figura de un arrendamiento social, cuyo canon
sea establecido en función de un porcentaje del sueldo mínimo que no suponga un
lastre para la economía de un asalariado, con contratos duraderos y heredables;
sincerando las funciones de mantenimiento que debe hacer el Estado como
arrendador, evitando que la inversión social se fugue en el mercado de bienes
raíces, y garantizando el acceso transparente a todas las casas y apartamentos;
haciendo uso de los más óptimos medios para la vigilancia y auditoria, y
enterrando de una vez por todas las practicas clientelares, fraudulentas y
politiqueras en materia de viviendas estatales.
Además,
un modelo de este tipo permitiría lograr un sistema que sea autosustentable y
expansivo, que permite por si sólo la capacidad de construir cada vez más y que
no se convierta en un gasto eterno para el Gobierno y la renta petrolera.
Los
medios para lograr todo esto existen, el problema es que se encuentran en manos
de una minoría de la sociedad, por lo que deben pasar al Estado y colocarse al
servicio de todos. Esto ya ha ocurrido en otros lugares:
Según
una reseña del diario español El País del 28 de febrero de 2007, en la ciudad
de Viena, la capital de Austria; aproximadamente un millón de personas habitan
en residencias de propiedad estatal, donde pagan menos del 30% del sueldo
mínimo austriaco por viviendas de 70 metros cuadrados; esto es casi el 60% de
la población. Agrega el periódico que las leyes de ahí protegen a los
inquilinos, estos prácticamente no pueden ser desalojados y casi nunca hay
necesidad por los bajos cánones. Además, la mayoría no necesita un hogar en
propiedad porque pueden traspasar el alquiler en herencia a sus hijos.
Otro
mundo es posible, sólo hace falta construirlo.
Roberto Armando
Ramírez
@alemcifo
Notas
- Manifiesto del Partido Comunista, por Karl Marx y Friedrich Engels (1848): https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
- 119 suicidios por desahucios en lo que va de año, Gema Delgado: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article44331
- Encuesta De Hogares Por Muestreo Situación En La Fuerza De Trabajo Venezuela, Instituto Nacional de Estadística, abril 2014: http://www.ine.gob.ve/documentos/Social/FuerzadeTrabajo/pdf/Mensual201404.pdf
- XIV Censo Nacional De Población Y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística, año 2011: http://www.ine.gob.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/nacional.pdf
- Gaceta Oficial N° 39.870 de fecha 24 de febrero de 2012.
- Gaceta Oficial N° 39.716 de fecha 19 de julio de 2011.
- Contribución al Problema de la Vivienda, por Friedrich Engels (1873).
- Denuncian mala calidad de casas de la GMVV, El Tiempo: http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/denuncia/denuncian-mala-calidad-de-casas-de-la-gmvv/65933
- Estatizar el comercio exterior es frenar las importaciones fraudulentas, la inflación y la próxima devaluación, Manuel Sutherland: http://alemcifo.org/uploads/3/2/3/7/3237202/pdf_importaciones_ceui_web_large.pdf
- Concentración de capital bancario y la necesidad de nacionalizar la banca en Venezuela, Jhon Caicedo: http://alemcifo.org/uploads/3/2/3/7/3237202/concentracin_de_capital_bancario-jhon_pdf.pdf